Los gobiernos deben buscar la forma de hacer más, con menos recursos. La crisis de COVID 19 ha impactado el mundo entero significativamente, transformando la vida de todos. La disrupción que acompaña esta crisis afecta a todas las personas y organizaciones, sin embargo, el impacto en el Sector Público es descomunal.
Como responsable de la seguridad y salud de sus constituyentes, los gobiernos son los llamados a trabajar en reducir el contagio y los efectos de la pandemia tanto en el ámbito de la salud como en el resto del entorno. Es claro que, durante esta crisis, el principal foco de los gobiernos debe ser la salud pública, porque están en juego vidas humanas, más el gobierno no debe descuidar el resto de las áreas de las que es responsable, como la economía, el desempleo, etc. Esto es comparable a un malabarista al que se le agrega una cuarta bola, mientras esta balanceando tres en al aire. Él debe aprender a balancear cuatro bolas en lugar de tres. Algunos lo logran, pero desgraciadamente, otros no.
Como agravante, esta crisis también genera una mayor demanda de servicios a los gobiernos, en paralelo con una importante disminución en los ingresos provenientes del cobro de impuestos. A diferencia de muchas de las empresas que enfrentan la crisis, las cuales tienen un mayor margen de maniobra, los gobiernos no tienen mucho espacio para adaptar su estructura, reducir su planilla o recortar gastos.
El sector público enfrenta una situación difícil ya que la reducción de ingresos viene indudablemente acompañada de un incremento en los gastos. Esto es provocado por dos factores importantes, siendo el primero el gasto requerido para atender las necesidades específicas del área de salud. Acá se incluyen los gastos correspondientes a la atención de la crisis sanitaria, tal como las inversiones requeridas en las unidades de atención de emergencias a nivel de hospitales y clínicas, así como los dispositivos de prevención y atención general para el personal de salud. Pero como si esto fuera poco, viene un segundo impacto debido a que la crisis acarrea una desaceleración de la economía, resultando en un incremento en las tasas de desempleo y reducción generalizada de los ingresos de las empresas y los individuos. Esto le genera al gobierno una demanda desmedida por recursos de asistencia a la población. Los planes de solidaridad e iniciativas de atención a los de más bajos recursos, deben ahora incrementarse, justamente cuando el gobierno sufre una baja en sus ingresos.
En pocas palabras, hoy el gobierno debe hacer más con menos recursos. En esta frágil situación, la única opción que le queda al sector público es encontrar formas de ser mas eficiente en sus operaciones, liberando recursos para dirigirlos a programas esenciales de salud, educación, bienestar social y seguridad pública.
Es conocido que la mayoría de los gobiernos requieren, y se beneficiarían de proyectos complejos de transformación digital, sin embargo, es recomendable que, ante esta crisis sanitaria, se establezcan prioridades diferentes. Es necesario que el sector público preste mayor atención a proyectos más tácticos que permitan reducir gastos en el corto plazo, y de ser posible, proyectos que conlleven un incremento en los ingresos. Estos impactos deben apuntar a ser consumados en el periodo presupuestario actual o en un futuro cercano. Por esta razón, se deben considerar aquellos proyectos que puedan tener un alto impacto, pero que conlleven una baja complejidad de implementación.
Considerando la situación actual de la mayoría de los gobiernos en Latinoamérica, quiero recomendar ocho posibles proyectos, que hemos identificado como de alto impacto y de fácil implementación. Estos proyectos que recomiendo para que sean considerados en estos momentos de crisis son:
- Acelerar y mejorar el cobro de deudas de impuestos.
- Controlar el fraude y desperdicios en programas existentes.
- Consolidar departamentos y tareas duplicadas.
- Reducir o eliminar programas ineficientes.
- Manejar gastos de viáticos de una manera más eficiente y controlada.
- Buscar generar acuerdos de compras centralizados para alcanzar los mejores costos posibles.
- Automatizar procesos manuales.
- Tercerizar servicios a proveedores de menor costo en servicios no estratégicos.
Esta lista no pretende ser exhaustiva, pero es un buen comienzo para que los diferentes actores del sector público puedan iniciar discusiones sobre cuales consideran que podrían tener mayores efectos positivos en el corto plazo.
Somos testigo de la forma como muchos países han logrado resultados impresionantes en muy poco tiempo, enfocándose en proyectos prioritarios incluidos en esta lista. Mi visión es apoyar para que, a través del uso de la tecnología, los gobiernos puedan ser cada vez más eficientes y que aprovechando sus recursos brinden mejores servicios a los ciudadanos.
Por: René Picado – Especialista en Sector Público SAP Latinoamérica
