Historias de vida como el caso de Andy, quien decidió cambiar el rumbo de su vida y a través de la educación entender aquellas normas que infringió, en el marco de una historia de superación, dan fe de cómo la educación superior aporta a la transformación de vidas y de la sociedad, aún cuando se ha caído en una de las peores privaciones de los derechos humanos: la cárcel.
El éxito de Andy, ex convicto del Centro Penitenciario de Veraguas, radica en la educación superior realizada mientras se encontraba privado de su libertad, a través de la modalidad virtual, durante cuatro años de pensum académico; sin embargo, no es un caso aislado.
“Se trata de una estrategia estructurada, sistematizada, funcional, pero sobre todo sensibilizada que permite brindar medios para la reinserción social, para un segmento específico de nuestra población, desde la cual contribuimos al desarrollo humano sostenible de Panamá”, explicó Adriana Angarita, rectora de la Universidad del Istmo, cuya casa de estudios superiores tiene -desde el año 2011- estudiantes en distintos centros penales del país.
En este panorama, la modalidad virtual se convierte en la herramienta pertinente para ofrecer estudios superiores donde los privados de libertad sólo necesitan acceso a un salón con herramientas computarizadas, voluntad de un cambio de vida y la disciplina para tomar una opción que realmente cambie su vida y de manera sostenible. “La modalidad virtual, a su vez, permite desarrollar competencias enfocadas en el sector tecnológico, habilidades necesarias en el ámbito laboral, que los prepara frente al escenario que se encontrarán cuando se les restablece la libertad”, agregó Angarita.
“Nosotros somos fieles creyentes de que toda persona merece una segunda oportunidad. Y más allá, defendemos el derecho a la educación, a la superación y especialmente a la accesibilidad a herramientas válidas para la reinserción social, como el único medio para construir sociedad”, argumentó la rectora.
Proceso académico y beneficios
Actualmente, la ley panameña permite que por cada dos días de estudio o trabajo se le disminuya un día de pena al prisionero, de suerte que él mismo deberá pedir que se le actualice su mandamiento que es donde se identifica cuando entra y su fecha de salida, según explicó José María Barsallo, decano de la facultad de Derecho de la U del Istmo.
Barsallo detalló que “el proceso para ingresar a la modalidad de educación virtual inicia con el acercamiento de un familiar a nuestra institución a través del departamento de Admisiones, donde explica la situación e identifica el centro penitenciario, presenta una carta de compromiso de responsabilidad y realiza el proceso de matrícula. Esto se lleva a la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) o directamente al Centro Penal para luego efectuar las coordinaciones y éste pueda iniciar como un estudiante más, pues el alumno detenido no tienen ningún trato especial dentro de la modalidad virtual ya que el profesor no sabe que aquel está detenido”.
Los especialistas aseguran que el mayor reto de la educación en las cárceles está del lado de la DGSP, cuyos altos funcionarios deben procurar que los privados de libertad terminen su educación secundaria y luego incentivarlos a cursar una carrera universitaria.
Actualmente en el país existen diferentes programas con la intención de promover los estudios en los centros penitenciarios en pro de la rehabilitación de los presidiarios y la reinserción social luego de la cárcel. En el 2018, la DGSP, con el apoyo del Ministerio de Educación (MEDUCA), han realizado esfuerzos que dieron como resultado la graduación de 713 personas privadas de libertad de Primaria, Básica General (pre-media) y Media en la Promoción 2017 de todos los centros penales del país.
