Por espacio de dos días, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC) en alianza estratégica con el Instituto Republicano Internacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organizan el II Foro Internacional “Hacia Ciudades más Seguras 2017”: Uso de datos y nuevos retos para la seguridad, con miras a generar conocimiento en materia de seguridad ciudadana hacia la construcción de una sociedad más segura, con la participación de más de 15 expositores entre locales e internacionales procedente de Colombia, Brasil, Estados Unidos, El Salvador, Honduras y Panamá.
Estas instituciones han unido alianza para discutir los nuevos retos y soluciones efectivas para mejorar la seguridad ciudadana, sobre temas como el impacto de las pandillas y crimen organizado, crimen organizado, narcotráfico y su impacto en la seguridad de las ciudades, violencia y femicidio, violencia juvenil, emergentes amenazas, y los enfoques más eficaces para tomar decisiones sobre la base de datos y nuevos paradigmas de política pública para la prevención de la delincuencia y la violencia.
Además, durante el encuentro que se extenderá hasta el viernes 24 de marzo en el marco de EXPOCOMER, se analizará el contexto latinoamericano de la seguridad ciudadana, Programas de Prevención para la región centroamericana, experiencias exitosas para combatir el crimen desde las ciudades, Situación actual y nuevos retos de violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe, Experiencias innovadoras en prevención de la violencia doméstica/intrafamiliar, entre otros.
Sobre el particular, Jorge García Icaza, señaló que la situación de seguridad ciudadana en las ciudades de América Latina y el Caribe, representa uno de los mayores desafíos para el crecimiento económico y desarrollo. “Lo que está claro, sin embargo, es que es un problema que no puede ser resuelto solamente por el gobierno central, es importante sumar a los gobiernos locales. Las ciudades, que son a menudo las más afectadas por la delincuencia y la violencia, deben tomar medidas en el nivel municipal y comunitario con un enfoque proactivo. Por otra parte, la seguridad ciudadana sólo puede mejorar con el esfuerzo coordinado e integrado de los gobiernos nacionales y sub-nacionales, la sociedad civil, la academia, la empresa privada y los propios ciudadanos”.
Desde hace más de 20 años el tema del crimen en Centroamérica ha persistido de manera alarmante. Las nuevas formas de violencia urbana y de actividad criminal, se han expandido cada vez con mayor fuerza en las ciudades de la región, convirtiéndose en uno de los principales desafíos que enfrenta América Central.
En tres países – El Salvador, Guatemala y Honduras – indicadores de crimen y violencia se encuentran entre los tres más altos de América Latina. En los demás países de la región – Costa Rica, Nicaragua y Panamá los niveles de crimen y violencia son significativamente menores, pero un aumento sostenido de los índices de violencia en años recientes es motivo de preocupación. Existen razones para ello.
Ciudades como San Salvador y Ciudad de Guatemala, superaron los 50 homicidios por cada 100,000 habitantes. Por su parte Belice figuro en 2011 con una tasa de 41.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, casi igual que Guatemala, que, con Honduras a la cabeza y El Salvador, forman el Triángulo Norte de Centroamérica considerada en ese informe la región más violenta del mundo. En cuanto a feminicidios, se estima que, en 2006, más de 1,000 mujeres fueron asesinadas en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. (PNUD, 2014).
Por su parte, Panamá, de acuerdo con cifras oficiales, en los últimos 10 años las organizaciones delincuenciales aumentaron de 88 a 205 y las pandillas se fusionaron con grandes y estructuradas bandas del crimen organizado. Tal crecimiento disparo las tasas de homicidios entre 2000 y 2010, con una cifra record en 2009 de 22.4 por 100 mil habitantes, de los cuales el 63 por ciento se concentró en jóvenes entre 15 y 29 años. Dichas estadísticas tuvieron un descenso de 2010 al 2014, no así el número de pandillas criminales. (“Inseguridad en Panamá: bomba de tiempo a punto de estallar”, 2016).
Con la existencia de instancias como los Observatorios de Seguridad Ciudadana o de Violencia; se acerca cada día a la realidad y sus características. El reciente informe lanzado por el OSC de la CCIAP destacó que, en el 2016, el 17% de la población encuestada fue víctima en los últimos 12 meses de alguna situación que atentó contra su seguridad. Es decir, que 81% indicó que ha sido víctima una sola vez y 19% más de una vez. En cuanto al sexo de la víctima, el 16% fue hombre y el 17% mujer.
Otros hallazgos nos vinculan a los hechos reportados, el 51% fueron hurto, 28% robo, 13% le golpearon o agredieron y 9% le mataron un familiar. En menor proporción, reconocieron haber sido víctima de intento de homicidio (3%), estafa o intento de estafa (3%), violencia verbal o física (2%) y secuestro o intento de secuestro (1%). Además, se observa claramente que hay un marcado énfasis en delitos contra el patrimonio (hurto y robo), que concentran el 79% de los hechos reportado. Este comportamiento es consecuente con los delitos registrados a octubre del 2016, en el cual hurto y robo representan el 38% de todos los delitos denunciados.
La violencia y los delitos en Centroamérica y Panamá no escapan de ello, no es sino el resultado de una serie de factores sociales y económicos, que, asociados a los efectos de un pasado de conflictos armados y desastres naturales, han ayudado a instaurar una cierta cultura de la violencia en la región, todo esto aunado a una débil institucionalidad y el desmembramiento del tejido social. Como consecuencia de lo anterior, el desarrollo de estos países se ha obstaculizado, reduciendo las oportunidades de educación, empleo y participación ciudadana en las nuevas generaciones. (Benavides, s.f., p.1).
