El equipo legal que lleva el caso de un inversionista mexicano al que se le han congelado sus bienes en Panamá injustamente desde el año pasado, acusa a la exprocuradora Kenia Porcel y dos fiscales más de haber transferido el dinero del empresario a una cuenta del Banco de Panamá de forma arbitaria.
El dinero de la cuenta bloqueada por las autoridades panameñas fue movido por orden de la exprocuradora Kenia Porcel con insistencia de los fiscales Isis Soto y Marcos Mosquera de la Guardia, del banco Scotiabank al Banco de Panamá, por lo que el afectado procederá legalmente en contra de esta acción malintencionada.
“Las personas que ilegalmente movieron mi dinero a sus cuentas deben ser responsables y estar ante un juzgado internacional o en Panamá, al igual que Scotiabank Panamá, quien nunca me notificó al respecto haciéndolos cómplices”, declaró el inversionista afectado, luego de conseguir documentos que comprueban el robo.
De acuerdo al resumen ejecutivo de la audiencia de aprehensión de bienes y afectación de derechos, llevado por la juez SherinTulliet, se solicitó que los dineros aprehendidos, que suman más de 7 millones de dólares, fueran direccionados a la cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el Banco de Panamá, con el número 10005181729.
Por su parte, Salvador Padilla, representante legal del empresario, manifestó su preocupación por la ilegalidad cometida. “Es inverosímil que las autoridades de un país que supuestamente es respetuoso de los derechos humanos y del debido proceso, porque así lo contempla su Constitución y la Convención Americana, de la cual Panamá forma parte, permita dar un tratamiento de sentenciado a un investigado”, enfatizó.
Sentenció que lo acontecido es una ilegalidad recalcitrante cometida por el Estado panameño, en perjuicio de la esfera jurídica de su cliente, pues si bien el aseguramiento de cuentas como medida cautelar, tiene como objeto evitar que se utilicen o dilapiden los bienes que presuntamente son consecuencia de algún “delito”, eso no permite a ninguna autoridad a realizar una incautación o decomiso de los mismos, pues en el caso concreto, de forma absurda se llevaron un dinero previamente asegurado a una cuenta del MEF en el Banco de Panamá, en otras palabras, lo aseguraron dos veces.
El abogado manifestó que eso es un perjuicio patrimonial que se debe calificar como delito, pues no existe fundamentación y motivación legal alguna que permita sostener dicho actuar de la autoridad, ya que el dinero que legalmente estaba asegurado por una investigación infundada, ahora ha sido transferido a una cuenta del Gobierno de Panamá, supuestamente para asegurar el mismo, cayendo en el absurdo de que, el Gobierno panameño puerilmente piensa que, el asegurar el dinero, es literalmente custodiar el papel moneda, cuando técnicamente se aseguran son los montos que la institución bancaria reconoce del beneficiario, de ese tamaño es el absurdo.
Finalmente señaló Padilla que, como consecuencia de ello, además de demostrar la ilegalidad de las investigaciones iniciadas en Panamá en perjuicio de su representado, procederán legalmente en contra de las autoridades que por acción u omisión permitieron dicha incautación ilegal, y contra el banco que consintió dicha acción sin notificar absolutamente nada al dueño del dinero.
