La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo internacional encargado de velar por la protección de los derechos humanos en todos los países que han ratificado su jurisdicción, pondrá su mirada sobre Panamá, a raíz de casos donde se han cometido violaciones en perjuicio de personas a la que no se les ha comprobado ilegalidad, tal es el caso de un empresario mexicano, quien el año pasado fue detenido injustamente y se le ha perjudicádo su patrimonio.
Bajo el folio de petición CIDH-0000055423, Salvador Padilla, representante legal del empresario, inició formalmente un trámite de denuncia en contra de la República de Panamá y en especial, en contra del Servicio Nacional de Migración, quien a través de sus funcionarios, José Grimaldo, Raymundo Sánchez Carrasco y Arelis Isabel Ortega Cedeño, ilegalmente afectaron la libertad del empresario y sin fundamento y motivación legal alguna le impidieron entrar a Panamá a pesar de tener visa de inversionista vigente.
De igual forma, en contra de la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada de Panamá, en especial a los fiscales Isis Soto y Marcos Mosquera, quienes sin indicio o dato de prueba robusto alguno, han perjudicado la presunción de inocencia del empresario y su patrimonio de forma arbitraria e indefinida, así como todos los jueces de garantías que han dilatado indebidamente la impartición de justicia con pretextos que solo generan incertidumbre e inseguridad jurídica.
El empresario manifestó: “Tengo confianza en las autoridades internacionales, pero éste es sólo el primer paso que llevaré a cabo de la mano de mi defensa, para hacer justicia, pues el daño que me han ocasionado, es incuantificable, económico y moral”.
Por su parte, el abogado Salvador Padilla, se manifestó conforme con la aceptación y trámite de la denuncia, y señaló que es una pena, que un país como Panamá, que goza de tantas riquezas, se vea ofuscado y exhibido a nivel internacional, por no respetar las garantías constitucionales y convencionales mínimas que contempla, la Constitución Panameña y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Agregó que espera que la intervención de la Comisión sea suficiente, pero que, si a pesar de ello Panamá es renuente en sus ilegalidades evidentes, llevarán el tema a la Corte Interamericana, y se pedirá todo el rigor de la ley en contra de los responsables.
Con esto, se suma al panorama complejo que enfrenta Panamá, otra acusación grave de ilegalidad y corrupción en sus entrañas, pues no es la primera vez que se señala públicamente, que los funcionarios de diversas dependencias, afectan arbitrariamente los derechos de las personas, y en este caso, de un empresario mexicano que ha invertido y generado empleos en Panamá.
Es de esperarse que Panamá reaccione al nivel del problema y que rectifique su sistema legal, pues de no hacerlo, habrán consecuencias internacionales que poco a poco irán afectando en diversas aristas la concepción de Panamá con el mundo, en particular, para los inversionistas.
