Por enésima ocasión, Panamá niega solicitud de imputación por parte de la defensa del empresario mexicano, víctima de abuso a sus derechos humanos, discriminación y atropellos por parte de la Fiscalía panameña, durante la resolución del pasado miércoles, a cargo de la juez Tulipa Morelos, quien fue manipulada por el fiscal Marcos Mosquera de la Guardia, que solamente presentó pruebas falsas y argumentos sin fundamentos, con la finalidad de obstaculizar nuevamente la justicia.
La defensa del empresario mexicano determinó colocar un amparo en contra de la determinación de la jueza Tulipa Morelos por la flagrante violación a los derechos constitucionales del Empresario.
El Licenciado Javier Quintero defensor del empresario mexicano expresó “erróneamente la Juez ha admitido claramente que el patrimonio del indiciado (por más de 18 millones de dólares) está cautelado desde hace 10 meses por la Fiscalía sin formularle cargo alguno lo que constituye el presupuesto que exige el artículo 286 del Código Procesal Penal para que el afectado acuda al Juez de Garantías y pedirle que inste al Fiscal a imputar en el plazo de dos días”.
“Esto no es un proceso legal es un acto de fraude y corrupción, el fiscal Marcos Mosquera de la Guardia nuevamente se paro frente del juzgado repitió mentiras despreciables así como evidencias falsificadas una tras otra sin ningún fundamento, bases o pruebas. Eso fue un acto de difamación y cobardía,” declaró el empresario afectado.
Para la defensa, también se trata de una acción de discriminación contra el empresario mexicano, ya que por su nacionalidad y por ser un inversionista exitoso se han cometido prejuicios contra él por parte de la justicia panameña en dicho proceso, ya que prima los racismos por encima de la ley. “Por tratarse de un mexicano, se asocia el caso a narcotráfico o una negativa solo por el hecho de su nacionalidad”. Sustenta la defensa.
“Se trata de un fraude de bajo nivel perpetrado por los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, que en todo momento han actuado con un sello de criminalidad al falsificar delitos”, aseguran el presentante legal Salvador Padilla.
Incluso los mismos abogados del empresario mexicano han señalado que jamás una persona culpable va a pedir que sea imputada, y en este caso reiteradamente se ha solicitado la imputación, porque se sabe que el expediente que mantiene abierto la Procuraduría panameña es un fraude, sin embargo, el fiscal a cargo se ha negado rotundamente a formalizar la acusación.
También se confirmó que el dinero en cuentas de Scotiabank Panamá pertenecientes al empresario por un monto de más de $7.2 millones de dólares fue removido ilegalmente a una cuenta protegida por el Ministerio de Economía y Finanzas en el Banco de Panamá cuenta 100051811729 la cual fue autorizada por Kenia Procell en donde ellos están recibiendo los intereses mensuales de 5% alrededor de $35 mil dólares.
Con la dilación del caso, que ya ha hecho resonancia a nivel internacional, lo que intentan los funcionarios en cuestión es que, sin mayor sustento legal ni fundamentación o motivación, se continúe con la medida cautelar, que mantiene retenidos ilegítimamente más de 18 millones de dólares en cuentas bancarias y en bienes patrimoniales, únicamente basados en investigaciones realizadas en otras jurisdicciones, sin mayor prueba o indicio y, sobre todo, sin sentencia alguna que permita pensar la existencia de un delito.
En ninguna de las audiencias abortadas las autoridades panameñas han estado a la altura de la situación por lo que el cuerpo legal del empresario incriminado, inició simultáneamente dos procesos, tanto a nivel internacional de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como en México a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para buscar sancionar a los responsables.
Incluso el mismo Procurador General Eduardo Ulloa admitió al inicio de su gestión durante que existen irregularidades e inconsistencias en las acciones de los fiscales y declaró que tomaría cartas en el asunto.
