El caso del empresario mexicano afectado ilegalmente por las autoridades panameñas, sigue sumando ilegalidades y violaciones evidentes a sus derechos humanos.
Esto es porque sin haber imputación de cargos o pruebas, de manera ilegal y siendo un crimen, el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) que bajo el mando del ministro Héctor Alexander, así como los fiscales Marcos Mosquera e Isis Soto determinaron vender los autos de lujo del empresario que fueron incautado hace seis meses en la propiedad del inversionista ubicada en la urbanización Santa Maria, corregimiento de Juan Díaz.
“El artículo 47 de la Constitución Política de la República de Panamá garantiza el derecho a la propiedad privada. En este caso, el despojo que intenta hacer el MEF respecto de los vehículos del empresario, es escandalosamente violatorio de la citada garantía constitucional”, sustenta Javier Quintero, representante legal del empresario.
Por su parte la defensa del empresario señaló que a pesar de la explicación que realizaron a los funcionarios del MEF no sacaron del catálogo de remate de bienes los vehículos.
Salvador Padilla, otro de los letrados defensor del empresario dijo que “Lo anterior sin necesidad de educación jurídica alguna es una violación al derecho de propiedad del empresario, pues si no hay sentencia que adjudique bienes al Estado, es imposible que se venda un bien mueble ajeno como lo son los vehículos”.
Adicional a esta situación, en meses pasados se confirmó que el dinero en cuentas de Scotiabank Panamá pertenecientes al empresario por un monto de más de $7.2 millones de dólares fue removido ilegalmente a una cuenta protegida por el MEF en el Banco de Panamá cuenta 100051811729 la cual fue autorizada por le entonces exprocuradora Kenia Procell en donde ellos están recibiendo los intereses mensuales de 5% alrededor de $35 mil dólares.
“Primero se llevaron mis coches de mi casa sin haber una imputación sin cargos o pruebas. Todo fue disfrazado como tratarse de una encautización, pero descubrimos que están vendiendo mis bienes, esto es un crimen grave en el proceso”, decclaró el empresario, quien reserva su nombre para cuidar su integridad personal.
“Este otro delito que cometieron estos fiscales solo fortalece nuestras denuncias ante las Cortes Internacionales y Derechos Humanos”, añadió la víctima.
Los abogados de la víctima advierten que las personas que adquieran esos vehículos están expuestos en caer en la misma estafa, ya que el estatus legal de estos autos no están definidos, y eso representa un riesgo.
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