La exprocuradora de Panamá, Kenia Porcell fue demandada penalmente por todas las irregularidades cometidas en el caso del empresario mexicano, víctima de abusos y atropellos a quien le congelaron sus cuentas y posteriormente fuera despojado de sus bienes por los mismos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, que encabeza Eduardo Ulloa Miranda, sin que hasta el momento exista imputación alguna.
“Aunando a lo anterior es evidente en base a todo lo hecho por la fiscalía que el caso está basado en intereses personales más que hacer justicia. La presunción de inocencia, el debido proceso y una investigación objetiva son algunos de los principios procesales de los cuales carece esta investigación”enfatizó James Gay, parte del equipo legal del empresario mexicano.
El cuerpo legal del empresario dio a conocer que la querella interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación fue por violación a las garantías individuales, manejo de influencias, mover dinero de manera ilegal y tratar de vender los vehículos incautados de manera ilegítima a través del Catálogo de Remate de Bienes del Estado.
Desde un principio Kenia Porcell, quien llevaba este caso y el de otros empresarios extranjeros acusados de lavado de activos firmó y autorizó todo para manipular la investigación; es decir la
exprocuradora cometió actos de corrupción, ya que en contubernio con su brazo ejecutor el fiscal Marcos Mosquera de la Guardia, transfirió el dinero incautado de manera ilegal a una cuenta custodiada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cargo de Héctor Alexander.
“Cuando existe un fiscal que opera fuera de toda ley y justicia podemos decir ya no es un tema de inconsistencias e irregularidades, ya son actos de criminalidad”, declaró el empresario afectado.
Los mismos abogados confirmaron que el dinero en cuentas de Scotiabank Panamá pertenecientes al empresario por un monto de más de $7.2 millones de dólares, fue removido a una cuenta protegida por el MEF en el Banco de Panamá, cuenta 100051811729, la cual fue autorizada por Kenia Porcell, en donde ellos cobran los intereses mensuales del 5 por ciento, alrededor de 35 mil dólares.
En todo momento estos servidores públicos violaron los derechos del inversionista, llegando al punto de intentar vender mediante subasta pública los coches incautados sin que todavía se tenga una sentencia del caso.
Salvador Padilla, representante legal del empresario afectado señaló “No se puede hablar de un Estado de derecho cuando hay una sistemática y evidente transgresión al debido proceso de una persona, por lo que la denuncia, busca hacer justicia respecto de todo el daño que ha sufrido su representado por órdenes de la entonces exprocuradora”.
Adicionalmente, como evidencia clara del sistema en días pasados, el juez de garantías Carmelo Zambrano, quién dirigió la audiencia de garantías para liberar los bienes del empresario en un acto inexplicable, confirmó el aseguramiento ilegal de los bienes del empresario, todo ello después de que solicitó una audiencia y recibió una llamada, que a criterio de los abogados, hizo cambiar la perspectiva del juzgador, quién en un inicio, acabó los argumentos de Marcos Mosquera de la Guardia, por su notoria indebida fundamentación e ilegalidad.
“Mis empresas son desarrolladoras de sofware y es totalmente absurdo que exista lavado de dinero por que no existe manejo de efectivo es como decir que los fabricantes de Candy Crush o Fortnite son lavadores. Es totalmente incongruente”, agregó nuevamente el empresario.
