Centroamérica y República Dominicana contaban en el 2019 con 8,6 millones de hogares con al menos una persona menor de 17 años (60% del total de hogares a nivel regional). Sin embargo, en apenas el 39% (poco menos de 4 de cada 10) había una computadora y sólo poco más de la mitad contaban con conexión a Internet (55%). En la coyuntura generada por la pandemia del virus COVID-19 solo los niños, niñas y jóvenes de esos hogares tendrían posibilidad de recibir clases virtuales, en caso de que la institución educativa a la que asisten cuente con esa opción. La exclusión educativa debido a la desconexión digital afecta, pues, a millones de personas.
Con todo, el acceso real a la educación remota y digital es aún menor si se considera la situación de los hogares en los que hay más de una persona en edad escolar. Es probable que, en ellos, varios compitan por el uso de los dispositivos con conexión a Internet, lo que implicaría exclusión para uno o más personas, si los horarios de las clases coinciden o si deben compartir esos recursos con personas adultas para realizar teletrabajo.
Las mayores retos para viabilizar la formación a distancia se observan en El Salvador y República Dominicana. Apenas 17% de los hogares salvadoreños y el 23% de los dominicanos contaban con computadora, mientras que menos de una cuarta parte de los salvadoreños y un tercio de los dominicanos tenía conexión a Internet. Panamá y Costa Rica estaban en mejor posición, como puede verse en el gráfico 1. De acuerdo con el Observatorio Regional de Banda Ancha de CEPAL, estos países son también los que ofrecen mayor cobertura de conexiones fijas con esa tecnología (alrededor del 50%), en los demás países es menos del 25%.
La desconexión digital de millones de niños, niñas y jóvenes del sistema educativo, como consecuencia de la pandemia, ha agravado el alto nivel de exclusión educativa que la región ya experimentaba antes de la pandemia. Téngase en cuenta que, en 2019 apenas el 63% de los cerca de 18 millones de personas en Centroamérica y República Dominicana que estaban en edad escolar (menores de 17 años) asistía a un centro educativo (dato sin considerar a Nicaragua), con grandes brechas entre los países: mientras en Guatemala apenas una de cada dos personas en ese grupo de edad estaba estudiando, en Panamá y República Dominicana esa proporción se eleva a tres de cada cuatro y en Costa Rica cuatro de cada cinco.
Al desagregar por edades se encuentra que entre los 6 y 11 años la asistencia asciende a 89% a nivel regional pero se reduce a 80% entre los 12 y 17 años. No obstante, en Honduras y Guatemala es menor al 70%. Estas diferencias reflejan la brechas entre la educación primaria y la secundaria, y se agudiza en Honduras, país en el que la asistencia de la primaria en relación con la secundaria disminuye 30 puntos porcentuales (de 95% a 65%).
La magnitud del problema descrito en los párrafos anteriores se resume en el siguiente dato: en 2019 habían cerca de 6,6 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 17 años de edad (37% del total en ese grupo de edad) que no estaban asistiendo a la educación.
La elevada exclusión educativa prevaleciente en la actualidad no impide reconocer que en los últimos quince años, ha habido una mayor inversión pública en educación en Centroamérica y Republica Dominicana, que ha permitido mejorar las coberturas mediante la implementación de programas sociales para incluir y retener a los y las alumnas en el sistema educativo.
Tal como planteó el Quinto Informe Estado de la Región (2016), mejorar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación es necesario para modernizar y diversificar la producción y elevar los bajos niveles de productividad en los mercados laborales, avances necesarios para lograr crecimiento económico y mayor desarrollo. Si alrededor de la educación se articulan sinergias que determinan las posibilidades reales de lograr mayores niveles de crecimiento económico y desarrollo humano, ¿por qué Centroamérica no ha emprendido las acciones necesarias para aprovechar su potencial? Aunque la respuesta a esta pregunta no es la misma para todos los países, puede afirmarse que ha faltado capacidad para trascender visiones sectoriales y de corto plazo, y posicionar a la educación en el centro del debate sobre las transformaciones sociales y productivas que requiere el Istmo.
En medio de la pandemia se presenta tanto una crisis como una oportunidad. Una crisis pues se han evidenciado y agudizado las brechas entre quienes han podido continuar su formación y quienes han tenido que suspenderla o se han visto muy afectados por la falta de conectividad y acceso a la tecnología. No obstante, la pandemia también ha propiciado la innovación y creatividad para buscar soluciones y diseñar instrumentos que permitan a docentes y estudiantes incursionar en nuevas formas de desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje. La capacitación y actualización del personal docente y ampliar el acceso a la tecnología, junto con modalidades que permitan una mayor interacción docente – estudiante – familia se posicionan como alternativas con gran potencial para avanzar en materia educativa.
Ahora como en el pasado es fundamental lograr acuerdos entre diversos actores sociales, económicos y políticos para viabilizar las inversiones y reformas necesarias no solo para atender los terribles efectos del shock pandémico sino para crear las bases que permitan aprovechar la oportunidad que hoy tiene Centroamérica de impulsar su crecimiento económico y desarrollo al ofrecer un mejor futuro a los flujos crecientes de población en edad productiva generados por el proceso de transición demográfica que actualmente viven los países.
Comprende Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Excluye a Nicaragua por falta de información.
