Duro revés sufrió la Fiscalía panameña esta semana, luego que, en audiencia con la Suprema Corte de Justicia (CSJ), la jueza les impidiera aprehender más bienes al empresario mexicano, a quien las autoridades ya despojaron de un patrimoniode 18 millones de dólares, debido a que la dependencia carece de pruebas y ha actuado de manera inconstitucional durante el proceso que se está llevando a cabo, dio a conocer a los medios de comunicación el abogado defensor, Javier Quintero.
Durante la audiencia sobre el proceso penal que enfrenta el empresario, quien no ha sido imputado, la defensa pudo demostrar ante el tribunal que la hipótesis que invocó la Fiscalía para cautelar todo el patrimonio de su defendido, en el mes de octubre de 2019, se centraba en afirmar que su pasaporte era falso, sin embargo, esa afirmación fue categóricamente desmentida, porque México ya confirmó que dicho pasaporte es legítimo y que pertenece al inversionista.
Salvador Padilla, representante legal del empresario, señaló que, “en un silogismo simple, bajo la premisa de la presunción de inocencia, la fiscalía panameñajamás ha demostrado ilícito alguno cometido por su representado, por ende, el aseguramiento desmedido de sus bienes, es una afrenta contra el Estado de Derecho.
Es así que se solicitó a la Juez de Garantías que levantara la medida cautelar que mantiene confiscado su patrimonio, entre cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, pero absurdamente, la Fiscalía se limitó a repetir que como hay una investigación penal en curso se justificaba la medida, lo que obligó a la juez a desechar la petición de la defensa, a pesar de que reiteradamente se ha demostrado la inexistencia de delito alguno imputable al empresario.
Durante la audiencia la Fiscalía insistió falsamente que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenseshabía practicado pericias sobre huellas dactilares del empresario, que ponían en duda su identidad, a lo cual la defensa expresó al Tribunal que esa información era absolutamente errónea; de igual manera la Juez de Garantías no hizo ninguna observación al respecto, manteniendo las medidas de aprehensión del patrimonio del ciudadano mexicano.
Sin embargo, cuando la Fiscalía solicitó a la Juez de Garantías que legalizara la aprehensión de otros dos inmuebles, propiedad del empresario, ésta rechazó la petición, con el argumento que no había sustento y, por tanto, les negó esa pretensión a los fiscales Marcos Mosquera de la Guardia e Isis Soto.
“Se han negado a imputarme, ¿si tiene pruebas por las que me acusan, por que no me han imputado? ¿Y si no me quieren imputar por que tiene mis bienes y por que giraron una orden de aprehensión? Esto se llama Fraude”, declaró el empresario afectado.
A pesar de tener Visa de Residente Permanente en Panamá, la Dirección de Migración de Panamá le prohibió al empresario mexicano la entrada, lo que no le permite ingresar a ese territorio a reivindicar sus derechos, y para no ser detenido, la defensa también solicitó una fianza, pero en un evidente absurdo jurídico, la petición fue negada por la juez, bajo el argumento de que independientemente que la Fiscalía le mantenga sus bienes cautelados y que ha ordenado su detención, él no tiene derecho a pedir fianza, sino hasta que se le formule imputación, al tiempo que la Fiscalía sostiene que no puede imputarlo porque él no puede entrar a Panamá para reivindicar sus derechos.
El abogado Javier Quintero, explicó que “luego de sustentar 3 mociones para demostrar que la Fiscalía oculta la información suministrada por México que acredita la legitimidad del pasaporte del empresario mexicano que se acusa de falso, la Juez de Garantías Josefa Montante rechazó una petición del Fiscal Marcos Mosquera para cautelar dos apartamentos de propiedad del empresario. La juez acotó que la Fiscalía no ha acreditado ningún hecho delictivo para justificar la cautelarían de dichos bienes”.
Funcionarios como la ex procuradora de Justicia, Kenia Porcell, el ex fiscal superior contra el Crimen Organizado, Marcos Mosquera de la Guardia, los fiscales Ricauter Gonzalez e Isis Soto, en contubernio con el Ministerio Público, son señalados como responsables de despojar a un empresario mexicano de todo su patrimonio con una investigación penal sin imputarlo. Se trata, a todas luces, de un asalto urdido por un Estado contra un empresario que confió en colocar su patrimonio en Panamá.
