Un empresario Mexicano afectado por el escándalo de la expropiación ilegal de Banca Privada de Andorra (BPA) denuncia penalmente a autoridades Andorrana por arbitrariedades durante su proceso. Después de seis años bajo investigación y con su patrimonio congelado, sin pruebas para ningún tipo de imputación, el equipo legal del empresario decidió presentar diversas acciones penales y civiles en contra el fiscal adjunto de Andorra Alfons Alberca y otras autoridades andorranas por vulnerar sus derechos fundamentales y desobedecer órdenes internacionales donde certifican la inocencia del empresario.
El equipo legal de un empresario mexicano afectado por el escándalo de la expropiación ilegal de Banca Privada de Andorra (BPA), presenta acciones penales en diversas jurisdicciones en contra de diversas autoridades andorranas por presunta prevaricación e incumplir varias órdenes internacionales vulnerando su presunción de inocencia y afectando a su reputación y patrimonio. Dicho empresario que ha estado bajo investigación durante seis años, con millones de euros aprendidos provisional e ilegalmente por parte de Andorra.
Por ello, han presentado acciones penales, en diversas jurisdicciones, contra el fiscal adjunto de Andorra Alfons Alberca y otras autoridades andorranas relevantes implicadas en los hechos.
El fiscal Alfons Aberca, a través de un juzgado andorrano, envió una solicitud para mantener dicha investigación al Estado de México para indagar esta persona por el presunto delito de blanqueo de activos y otros crímenes. La respuesta recibida en diciembre 2020 desde México, fue que el empresario era absolutamente inocente de las supuestas acusaciones de lavado de activos y, también, de cualquier otro delito relacionado, sin embargo las autoridades de Andorra ignoraron sus propias comisiones rogatorias internacionales, violaron los convenios aplicables y continuaron con una investigación prospectiva, ilegal y para la que carecen de competencia.
El caso de la ilegal expropiación de BPA, el escándalo bancario y financiero más importante que se ha producido en el Principado de Andorra, sigue con múltiples procedimientos de investigación, interminables y claramente ilegales, hacia miles de afectados – los depositantes y clientes de BPA – por supuestas investigaciones que los mismos llaman infundadas, de igual manera pintan a las autoridades andorranas de forzar los procesos con la finalidad de retener su dinero sin siquiera poder poblarles ningún delito.
A mediados del 2020 se exhibió al mundo entero el documental La Estafa de Andorra donde se plasmaron todas las afectaciones de los miles de afectados por esta investigación y el viacrucis que los mismo han tenido que pasar durante sus procesos.
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Muchos empresarios y simples ahorradores se vieron envueltos en un conflicto de poderes políticos españoles, donde se le violentaron todos sus derechos y se tomaron medidas arbitrarias en contra de los mismos por parte de las autoridades del Principado de Andorra.
El equipo legal de este empresario comenta que los juicios por las autoridades Andorranas están fuera de la base de un contexto judicial, en virtud de que los elementos de investigación se basa en pruebas que son solicitadas a los países de origen de los supuestos investigados, pero, cuando el país certifica que dicha investigación no arroja resultados dejando en clarala inocencia del afectado, los fiscales y jueces continúan forzando una investigación no ya sin fundamentos legales sino sin siquiera pruebas.
El empresario afectado declaró, que el fiscal Alfons Alberca, “después de seis años de tener todo el patrimonio de mi empresa de tecnología incautado, me difama diciendo que soy narcotraficante solo por tener un pasaporte mexicano y ello es así porque no tiene ninguna prueba real o mínima sospecha que lo acredite y tendrá que pagar las consecuencias por sus falsas denuncias, esto se llama mentir por razones de auténtica xenofobia”, dijo.
