Una denuncia por el uso indebido de bienes (autos)aprehendidos fue presentado el pasado 7 de mayo por los abogados, José Abel Almengor y Valentín Jaén contra del director de la Dirección Administrativa de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas(MEF) bajo el mando de Rodolfo Ferreria Sanchez.
La denuncia partió, luego que el dueño de los autos recibiera una factura del Sistema Panapass por un poco de más de mil dólares de los vehículos supuestamente aprehendidos y según los apoderados legales, dicha entidad está utilizando los vehículos.
El equipo legal declaró que los vehículos valorados en más de ciento cincuenta mil dólares, no pueden ser utilizados a razón de que no tienen la capacidad de darle el mantenimiento, no tienen razones potenciales para el uso de los mismos y no han sido traspasados.
También sospechan que le han cambiado las placas para poder circular, lo que puede constituir un robo o un abuso de confianza, pues el cambiar las placas de un vehículo asegurado precautoriamente, deja ver el ánimo de apropiarse de ellos, por parte de las autoridades.
Esto último fue expuesto por una investigación interna de su equipo legal al comprobar que las placas de los vehículos no correspondían a los mismos, luego que se verificara el numero BIM de los autos y darse cuenta que fueron cambiadas. Luego de esto analizaron que la placa lecorrespondía a un vehículo del Estado.
En respuesta, el MEF publicó en sus redes sociales que mediante un reglamento interno les da la facultad de utilizar los bienes y en caso tal de ser devueltos pagaran las multaspuestas por el sistema Panapass.
Sus abogados respondieron, que los vehículos siguen a nombre de su representado y se están aparando a su derecho constitucional de propiedad privada de los mismos.
Salvador Padilla, representante legal del empresario afectado, señaló que, ningún reglamento está por encima de la constitución de Panamá ni de la convención Interamericana de Derechos Humanos, por lo que, la actuación de las autoridades, constituyen una serie de delitos que habrán de perseguirse y castigarse, pues el mensaje que están enviando las autoridades panameñas, es que los extranjeros no pueden tener bienes en Panamá, porque no hay ninguna garantía para proteger el derecho de propiedad.
Este caso guarda relación al empresario mexicano, por la cual se lleva una investigación en la Fiscalía Segunda con más de 18 meses de haberse iniciado y sin imputación de cargos, el cual fue inadmitido en diciembre 2019 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y cuenta con impedimento de entrada al país, lo cual ha hecho imposible que propiamente pueda reclamar sus activos.
