El abogado Javier A. Quintero R. presentó un amparo de garantías constitucionales ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia a favor de un empresario mexicano quien lleva una investigación en la fiscalía segunda durante 24 meses en la cual no se le han imputado cargos hasta la fecha de esta redacción.
La supuesta investigación inicia en octubre 2019 cuando al empresario se le aprehender sus cuentas bancarias y bienes, al mismo se le solicita comparecer a un acto de audiencia donde se le notifica del proceso, esto a razón de una comunicación espontánea enviada por el Principado de Andorra por la sospecha de lavado de activos en su jurisdicción en el año 2015, donde de igual manera no se le han imputado cargos.
Al empresario se le aprehenden dos cuentas de banco, dos residencias y una serie de vehículos de lujo, poco tiempo después al mismo se le inadmite la entrada al país al intentar ingresar en diciembre 2019, después de 36 horas de haberlo puesto en detención en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el mismo que gozaba de residencia permanente de países amigos; este acto no le permitió continuar con su proceso presencial y dicha decisión continúa hasta la fecha.
Parte de su dinero fue transferido arbitrariamente y sin notificarle al Banco Nacional de Panamá, sus vehículos fueron puestos a órdenes de la Dirección de Bienes Aprehendidos del MEF los cuales están siendo utilizados por diputados de la Asamblea Nacional dejando miles de dólares en multas en el sistema PANAPASS, dos vehículos fueron subastados sin haberle notificado por un precio más bajo al del mercado. La defensa se está preparando para presentar demandas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por todas las afectaciones en su proceso y no descartan la posibilidad de tomar acciones legales contra el país por los daños y perjuicios ocasionados y señalan directamente como los responsables a los fiscales Isis del Carmen Soto y Marcos Mosquera de la Guardia de forzar el proceso.
El código procesal penal en el artículo 286, sostiene que no se puede llevar una investigación con aprehensiones reales, sin haberle imputado cargos al investigado previamente. Bajo este argumento la CSJ revocó a decisión de no acceder a conminar al Ministerio Público a formular la imputación.
Esta decisión fue apelada por la fiscal Isis Soto el pasado viernes 1 de octubre, señalando en el escrito de apelación elementos convicción ya superados y que la defensa del empresario ya ha aclarado en la carpeta de investigación, además, solicitó que no celebre actos de audiencias para la solución de esta apelación en un corto periodo. La fiscal también se ha negado a imputar cargo al empresario en variados actos de audiencias previos a este amparo, dejando una clara señal que no han podido recabar la información necesaria en los 24 meses que llevan de investigación para formular la imputación.
El representante legal del empresario Javier Quintero, en respuesta de esta apelación señaló en un escrito presentado, que la fiscalía no se ha negado que han violado los derechos humanos del empresario en la investigación y han trabajado a conveniencia para llevarlo a un limbo jurídico, del cual no tiene la oportunidad de salir por la situación que la misma fiscalía lo ha puesto.
Este polémico caso llevó que el fiscal adjunto de la investigación Marcos Mosquera de la Guardia, renunciará a su cargo en agosto del presente año, posterior a un acto de audiencia donde de igual manera se negaron a realizar la imputación de cargos y se mencionaron variadas alegaciones de corrupción.
El empresario extranjero declaró, exactamente después de dos años de fase investigativa, sin imputar cargos mientras han mantenido todos mis bienes incautados, la corrupta fiscal Isis Soto, continua evitando imputar, porque ella sabe que soy una persona inocente y que no tiene ninguna prueba. ¡Así son los corruptos fiscales en Panamá!
