Para aliviar el impacto de la inseguridad alimentaria y un nivel histórico de inflación, los Gobiernos de México, Haití y la zona de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPARD) han aprobado respuestas de política por un monto equivalente, en promedio, al 1,1% de su producto interno bruto (PIB). Más de 62 millones de personas en los países mencionados, han experimentado inseguridad alimentaria tras la pandemia. El aumento reciente de los precios de los alimentos ha intensificado el problema convirtiendo a esta subregión en la que tiene el mayor porcentaje de población con inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.
En el caso de Panamá, la situación de subalimentación y desnutrición de la población mejoró antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia durante el periodo 2000-2002 hasta 2017-2019 pasando de 24,5% de la población a 7,4, a pesar de la disminución constante, el nivel de subalimentación en Panamá se mantuvo más alto que el promedio de ALC que era de 6,8%. Después de la pandemia, con la recuperación económica y la creación de nuevos programas para mitigar los efectos de la crisis de la COVID-19 la prevalencia de subalimentación en Panamá disminuyó hasta el 5,8%.
Estos datos se desprenden del estudio “Seguridad Alimentaria en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México y Haití”, que acaba de publicar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el que ofrece una visión del panorama y de las perspectivas de la seguridad alimentaria en la región tras la pandemia del COVID-19, considerando los impactos de la escalada inflacionaria actual.
Preservar la seguridad alimentaria requiere medidas a corto y largo plazo
El estudio del BID propone recomendaciones para fortalecer la seguridad alimentaria en el corto y mediano plazo con políticas dirigidas a las familias y a los sectores afectados, como transferencias focalizadas, programas de provisión de alimentos, apoyo al sector agrícola y medidas comerciales.
Además, el informe discute medidas estructurales para reforzar los sistemas alimentarios y prevenir crisis futuras, como inversión en bienes públicos, acceso a financiamiento agrícola, investigación, desarrollo e innovación en el sector, y apertura al comercio internacional, entre otras, que deben ser diseñadas con un enfoque de género, dada la mayor vulnerabilidad de las mujeres a los efectos de los choques económicos.
Si bien la inseguridad alimentaria moderada o grave en esta región ya se encontraba por encima del promedio de América Latina y el Caribe, esta se ha exacerbado por la escalada inflacionaria global originada por la pandemia y por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha provocado aumentos en los precios de productos básicos. En el país típico de CAPARD y México, las importaciones de maíz, arroz y trigo representan más del 40% del consumo de dichos productos.
La inflación se ha convertido en la principal preocupación de los hogares y se estima que el porcentaje de hogares con ingresos menores al costo de la canasta básica alimentaria ha aumentado este año más de 5 puntos porcentuales con respecto a 2019. Aquellos liderados por mujeres o por trabajadores informales y los hogares rurales son los que se han visto especialmente afectados.
El estudio se puede descargar aquí.
