La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), realizó la entrega formal de la solución informática y equipos a 69 salas de audiencias correspondientes al Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio (SPA).
En el acto, donde estuvo presente el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, el administrador general de la AIG, ingeniero Irvin A. Halman, resaltó que con la asignación por parte del Órgano Ejecutivo, se ha invertido desde su inicio en 2011 y hasta la fecha, cerca de B/. 50 millones, de los cuales B/. 20 millones corresponden al Primer Distrito Judicial, que está siendo completado en el 2018.
“Cumplimos hoy con el suministro, instalación, configuración de hardware y software que componen la grabación digital para las 69 salas de audiencias en las oficinas judiciales de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas Guna Yala- Emberá-Wounaan- Madungandi y Wargandí y su integración a la plataforma tecnológica, con su correspondiente capacitación al personal, soporte y mantenimiento de las salas de audiencias instaladas, que en su totalidad suman 104 a nivel nacional , expresó Halman.
La Plataforma Tecnológica Integral suministrada por la AIG contiene dentro de sus componentes el módulo de grabación de audiencias, en donde cada uno de los usuarios de las oficinas judiciales, pueden realizar la grabación de todas las audiencias programadas, dejando constancia de las actuaciones y registrando la decisión del Juez o Tribunal respecto a la causa.
Con la entrega efectuada, la AIG reitera el compromiso y la responsabilidad enmarcada en un convenio establecido con el Órgano Judicial, de poner a disposición de las instituciones involucradas en la administración de Justicia, el desarrollo de esta plataforma única, con el fin de seguir brindando un control de la gestión de investigación, el juzgamiento y la ejecución de penas, garantizando la integración del flujo de información que manejan los actores del SPA.
La Plataforma del SPA ha sido considerada como una de las mejores prácticas internacionales, diseñada con el objeto de contar con una red de valor interoperable entre todos los intervinientes del sistema, para lograr una conectividad, sencilla, confiable y segura; dando un paso decisivo a una justicia más cercana, transparente y eficaz, que redundará en beneficio de la ciudadanía en general.