A más de cinco años del inicio de un proceso legal en su contra, un empresario mexicano sostiene que ha sido objeto de una persecución judicial en Panamá, donde asegura que la fiscalía mantiene retenidos sus bienes y cuentas bancarias sin que exista, según su versión, prueba alguna ni delito por perseguir.
El inversionista de origen mexicano afirma que desde octubre de 2019 ha mantenido una batalla legal contra las autoridades corruptas de Panamá. A pesar del cambio de gobierno en el país centroamericano, el empresario asegura que no ha habido avances sustanciales en la resolución de su situación.
De acuerdo con sus declaraciones, el actual Procurador General de la Nación de Panamá Luis Gomez Rudy solicitó a la fiscal Isis Soto información sobre el caso, en el cual el 12 de febrero de 2025, mediante un escrito formal la Fiscal afirmó que están «en espera de fecha para la audiencia de imputación». Sin embargo, sostiene el empresario, esta afirmación es un engaño, pues la audiencia de imputación ya fue celebrada el 29 de septiembre de 2022, en la cual el Juez Carmelo Zambrano negó la imputación al Ministerio Público.
El equipo legal del empresario mexicano demandó que «la Fiscalia de Panamá continua con su campaña de desprestigio e intimidación, para mantener retenido el patrimonio de su cliente, actuando con total abuso de poder, empeorando todo, mintiendo incluso al propio procurador, protegiendo los actos de corrupción que se han cometido de los cuales varios jueces son cómplices al igual que funcionarios Panameños».
El empresario sostiene que cuenta con una trayectoria empresarial limpia y transparente, sostiene que desde octubre de 2019 ha sido víctima de un montaje judicial, Según su declaración, estas irregularidades incluyen la ocultación de pruebas clave, manipulación de la información y el uso del sistema judicial como un arma de extorsión.
Indica, además, que auditorías forenses independientes han desmentido las acusaciones en su contra y han confirmado, según su testimonio, la legalidad de sus operaciones financieras. A pesar de ello, asegura que el proceso continúa abierto sin fundamentos legales claros.
«Todas estas acusaciones falsas son desorientación y ofuscación del crimen real: el hurto de 18 millones de dólares de mis legítimos bienes. Existen auditorías contables que establecen la legitimidad de los fondos, pero el informe fue ocultado por la fiscalía», declaró.
Además, señala que sus vehículos fueron confiscados y utilizados por funcionarios panameños, mencionando específicamente que Kayra Harding se paseaba en su Range Rover. También afirma que fue retenido durante 36 horas en un aeropuerto y que incluso le retiraron su visa de inversionista sin explicación aparente.
El empresario señala como responsables directos a la Fiscal Isis Soto -quien salió de la fiscalía por actos de corrupcion-, junto con Marcos Mosquera, a quienes acusa de corrupción flagrante. Además afirma que detrás de la extorsión se encuentra el exvicepresidente Gabriel Carrizo, a quien exige se le investigue y enfrente las consecuencias legales.
Asimismo, recuerda que en 2022 la jueza Clara Montenegro ordenó el levantamiento de las medidas cautelares en su contra; sin embargo, sus bienes continúan retenidos y la investigación permanece activa.
«Panamá no puede seguir tolerando que su sistema judicial sea usado como un arma de extorsión y persecución de inocentes. Exijo la devolución inmediata de mis bienes y la apertura de investigaciones contra los responsables de este abuso de poder», declaró.
El empresario también cuestiona si su situación podría formar parte de un patrón más amplio de acciones judiciales irregulares en Panamá, que -según él- podrían estar afectando a otros inversionistas o empresarios extranjeros.
Finalmente, el empresario mexicano comenta que la Fiscalía Panameña actúa con opacidad y exige al actual Procurador General de la Nación, Luis Gómez Rudi, su intervención para resolver este caso, que considera una situación de injusticia y violaciones a derechos fundamentales que se ha prolongado por más de cinco años.