En un hecho fuera de toda lógica y que violenta la esfera jurídica de un ciudadano mexicano , la Procuraduría General de la Nación (PGN) a cargo de Eduardo Ulloa Miranda, giró una orden de aprehensión en contra del empresario mexicano, quien fuera víctima de abusos y despojo por parte de autoridades panameñas, sin existir todavía ninguna imputación en su contra, y pese a que su caso se maneja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tratarse de violación a sus garantías y derechos universales.
La orden judicial está fuera de lugar, debido a que el empresario no se encuentra en el país y no se le ha permitido enfrentar su defensa como es debido en los tribunales de Panamá, ya que le prohibieron entrar de manera legal a pesar de contar con la residencia panameña desde hace más de tres años.
Los abogados, encabezados por James Gay, manifiestaron que “la resolución del Ministerio Público se trata de una acción inverosímil y menos cuando no existen cargos ni imputación de ningún delito, sencillamente porque no han podido probar nada en contra del acusado que en todo momento ha estado dispuesto a comparecer ante la justicia”.
Sobre este hecho, el empresario afectado declaró, “esta orden no tiene integridad y validez alguna porque sale de un proceso de corrupción y fraude. Esta es otra táctica ilegal de los corruptos disfrazados de fiscales, Isis del Carmen Soto y Marcos Mosquera De La Guardia, para seguir con mis bienes despues de un año”.
La orden que fue firmada por la fiscal Isis del Carmen Soto, será apelada por el equipo legal del inversionista que se encuentra radicando en México, donde se ha reunido con sus abogados para definir la estrategia que se implementará de manera inmediata para dar una nueva batalla al sistema de justicia corrompido por funcionarios como la ex procuradora Kenia Porcell y el fiscal Marcos Mosquera De La Guardia.
Los abogados del empresario afirman que las autoridades panameñas se han negado a imputar desde que abrieron el expediente, por lo que no se explican bajo qué fundamento giraron la citada orden de aprehensión, en una acción desesperada, porque de ante mano en los Tribunales tienen el caso perdido.
Salvador Padilla, representante legal del empresario señaló que, “una orden de aprehensión debe estar debidamente fundamentada y motivada para ser legal, situación que no acontece en el caso concreto, pues previo a dicha determinación, hay otras formas de conducir al indiciado al proceso, el cual no tiene sustento alguno. En su opinión, es un desfiladero de ilegalidades a las que recurre la Fiscalía de Panamá para evitar la inevitable exhibición pública que ha causado este caso, el cual ha evidenciado y sentado precedentes del corrompido e inoperante sistema de justicia panameño”.
“Hacemos un llamado al Procurador General Eduardo Ulloa para que investigue las personas que están detrás de este fraude y los haga responsables”, reiteró el empresario afectado.
