El fiscal Marcos Mosquera de la Guardia quedó en la mira pública tras recurrir a mala praxis durante las audiencias, debido a que sus casos no contaron con argumentos convincentes, ni pruebas irrefutables, lo que incurrió a confundir al juez con argucias que van contra el debido proceso, la presunción de inocencia y la objetividad procesal.
Lo anterior quedó demostrado en un absurdo proceso contra un empresario mexicano detenido injustamente en diciembre del año pasado, en la que el funcionario reconoció que se trató de un error procesal, haber levantado una “Averiguación Previa” contra el investigado, por un tema administrativo y no por una causa penal. En la audiencia llevada a cabo el pasado lunes 1 de junio, Mosquera de la Guardia nuevamente quedó evidenciado, cuando no pudo fundamentar legalmente ante los tribunales las acusaciones contra el inversionista, quien sí presentó al Gobierno de Panamá, un paquete de pruebas avaladas por varias dependencias del Gobierno Mexicano, como la Fiscalía General de la República, Policía Federal, Secretaría de Relaciones Exteriores, Normatividad, Instituto Nacional Electoral y la Interpol, quienes acrediten que no es investigado, no presenta ningún cargo, imputación o señalamiento, ni posee sentencia condenatoria de delito alguno.
Los apoderados legales del empresario reiteran que se trata de una persecución por parte de los funcionarios que actualmente están atravesando problemas de credibilidad tras la salida de la exprocuradora Kenia Porcell. En un momento difícil por el que atraviesa el país y el mundo entero, por la pandemia del Covid-19, agravado por la paralización del Órgano Judicial , el inversionista que se dedica al desarrollo de software declaró: “ Isis Soto y Marcos Mosquera del estar frente a un tribunal transparente en Panamá o en un juzgado internacional explicando por que tienen todo el dinero, cuentas, vehículos y bienes inmuebles han sido cautelados sin llevar a cabo una imputación de cargos. Ya la causa lleva aproximadamente 11 meses de haber iniciado y no se ha efectuado ninguna imputación, pues no han logrado identificar delito alguno y no se han podido vincular al empresario a lo que actualmente se investiga. No existen pruebas idóneas e irrefutables que vinculen al mexicano a alguna actividad ilícita. Y la fiscalía ha llenado su despacho con oficios dedicados a buscar algo que no existe.
En base a esto, el inversionista mexicano se encuentra sumamente disputado en la forma en cómo ha sido tratado y enfatiza que alguien debe ser responsable por asegurar que los fiscales hagan su trabajo en derecho y con objetividad. Al final, los daños causados son incalculables, cosa que tomará en cuenta el investigado una vez concluya con el proceso. Tema administrativo, es cosa juzgada Al sentirse acorralado ante el juez, a Mosquera de la Guardia no le quedó más que objetar que el supuesto delito del cual se investiga al empresario mexicano, se basa en un tema administrativo en México, donde la causa se encuentra archivada desde el 2017, mucho antes de que llegara a establecer sus inversiones a Panamá, pero la Procuraduría lo usa inexplicablemente en su contra. Los letrados defensores del acusado liderados por James Gay han declarado que, ante la desesperada acción de la Fiscalía, buscarán que el fiscal Mosquera de la Guardia e Isis Soto, rindan cuentas ante las últimas instancias, y expliquen la falta de pruebas, así como por qué las cuentas bancarias llevan ocho meses congeladas, al que se suman autos y propiedades. Hasta el momento la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Eduardo Ulloa Miranda, no ha presentado ninguna prueba o imputación, a pesar de que el Gobierno mexicano ya reconoció que el empresario no tiene abierta ninguna investigación y se encuentra sin cargos. “Mi cliente no tiene ningún proceso, no tiene ningún cargo comprobado. Y esto es sencillamente porque en el negocio de internet, como es el caso de las grandes compañías como Tinder, entre otras muchas, es imposible que se pueda dar un lavado de dinero, ya que en el comercio en línea no se maneja efectivo, todos los clientes pagan mediante transferencias electrónicas y por lo tanto todo es fiscalizable. No hay manera de imputar o acusar por un delito que no existe ni se ha consumado”, enfatiza el abogado James Gay.
Acusaciones de fiscales no proceden Ante las constantes inconsistencias de fiscales y ex fiscales, la Procuraduría General de la Nación se encuentra en apuros, debido a que sus fiscales actuaron bajo órdenes arbitrarias sin fundamentos, al llevar una investigación que posee efectos que atentan contra los derechos fundamentales del investigado. Los errores y anomalías originados desde el seno del mismo órgano encargado de la investigación criminal, ha ocasionado graves afectaciones económicas al inversionista, luego de las aprensiones llevadas a cabo en un primer allanamiento en octubre del 2019 con el congelamiento de cuentas bancarias y un segundo allanamiento en marzo pasado al incautar varios vehículos, algunos de ellos adquiridos en Europa en el año 2015. Marcos Mosquera e Isis Soto son acusados de extralimitarse en sus funciones y violar en todo momento el debido proceso, ilegalidad que han probado los abogados defensores, así como la inconstitucionalidad de su proceder.
