La Prensa realizó el Foro Minero 2025, un espacio de diálogo que abordó los principales ejes sobre la minería en Panamá desde distintas perspectivas.
Durante el primer bloque, referente a la economía, Amalia Toro, socia y directora de oficina de McKinsey & Company en Panamá, aseguró que el Estado panameño ha reiterado que ve en la minería, especialmente la del cobre, una posibilidad estratégica para impulsar el desarrollo económico del país.
Además, tomó de referencia a Chile, donde la minería representa entre el 10% y 14% del producto interno bruto (PIB), para asegurar que el modelo usado por el país sudamericano integra políticas de generación de empleo, productividad y desarrollo sostenible.
Sin embargo, adviertió que la industria minera enfrenta desafíos estructurales a nivel global. De acuerdo con proyecciones internacionales, para los próximos años se espera una demanda de 37 millones de toneladas de cobre, mientras que la oferta estimada sería de apenas 31.2 millones toneladas, generando una brecha significativa que podría afectar las cadenas de suministro.
Ante esto, subrayó que el verdadero desafío de la minería moderna es que extraer cobre es cada vez más difícil y menos rentable, por lo que afirmó que urge repensar el diseño del marco regulatorio y fomentar un desarrollo minero que sea a la vez ágil, sostenible y coherente con los desafíos ambientales y tecnológicos actuales.
Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, defendió la minería como un pilar del desarrollo, siempre que se practique de forma ética, transparente y en coordinación con las comunidades y el Estado.
Explicó que en Colombia la minería representa el 2.4% del PIB, tras décadas de desarrollo del sector. Aseguró que este crecimiento ha permitido avances significativos en términos económicos, sociales e industriales.
Nariño afirmó que “la minería puede ser una bendición, si se hace bien”. Para lograrlo, enfatizó, es esencial fortalecer la transparencia, la ética y el compromiso con el desarrollo colectivo.
En el bloque legal, el abogado ambientalista Harley Mitchell, enfatizó que cualquier discusión sobre la minería en Panamá debe partir del respeto al sistema jurídico, especialmente al marco constitucional, que regula de manera clara los límites y posibilidades del uso de los recursos naturales del país.
Explicó que el desarrollo sostenible, con sus pilares económico, ambiental y social, es el paradigma que rige el crecimiento mundial actual. Suburayó que Panamá no puede actuar al margen de ese enfoque, mucho menos en actividades como la minería metálica.
En referencia a las declaraciones del presidente José Raúl Mulino sobre una posible nueva relación jurídica con la empresa minera en Donoso, Mitchell recordó que la figura del contrato ley, ampliamente debatida y rechazada en años recientes, está sujeta a limitaciones constitucionales.
Esa otra vía, agregó, podría ser un contrato de mandato o de servicios bajo el marco de la Ley de Contratación Pública, que establece licitaciones abiertas salvo en casos excepcionales debidamente justificados.
Por otro lado, Rodrigo Noriega, analista y abogado, también hizo un llamado enfático a que el debate sobre la minería en Panamá se haga dentro de un marco de Estado de derecho, sin importar si se está a favor o en contra de la actividad extractiva.
Noriega destacó que la minería en Panamá tiene antecedentes históricos, desde tiempos precolombinos hasta su impulso institucional en la década de 1960. Recordó que el Código de Recursos Minerales de 1963, prohibía exoneraciones fiscales a las empresas mineras y establecía un sistema de regalías progresivas según el tamaño de la operación.
Advirtió además, que cualquier nuevo intento por relanzar un proyecto minero tiene que cumplir con la Ley 407 de 2023, que impone una moratoria indefinida a la minería metálica, incluso para el propio Estado.
Sumado a eso, recordó que la Ley 93 de 2019 prohíbe explícitamente el uso de Asociaciones Público-Privadas para proyectos de minería metálica, y que el Acuerdo de Escazú, ratificado por Panamá en 2020, exige altos estándares de participación ciudadana en proyectos con impacto ambiental.
Para el último bloque, referente al ambiente, Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), expresó que el debate sobre la minería en Panamá debe centrarse en el respeto a los derechos de las comunidades afectadas, la integridad del medio ambiente y la defensa del Estado de Derecho.
La representante del CIAM cuestionó los argumentos que justifican la minería metálica como una necesidad ineludible, especialmente en el contexto del uso creciente de tecnologías como la inteligencia artificial.
“No podemos aceptar que se promueva una supuesta necesidad sin preguntarnos para qué usamos esas tecnologías ni quiénes cargan con los costos sociales y ambientales de su expansión”, subrayó.
También advirtió sobre los ejemplos internacionales que suelen citarse como modelos, como Chile o Colombia, recordando que en Chile existen las llamadas “zonas de sacrificio” y que Colombia es considerado el país “más letal para los defensores ambientales” en el mundo.
Ábrego destacó que Panamá posee una biodiversidad excepcional y una riqueza hídrica que no solo debe ser admirada, sino protegida y agregó que la minería metálica impone un alto costo a los ecosistemas y que su desarrollo ha puesto a prueba la capacidad institucional del país.
Además, expresó que abogar por un Panamá libre de minería metálica no es una posición extremista, sino un llamado a la planificación responsable del desarrollo. “Es pensar en el futuro, en nuestras comunidades y en nuestra institucionalidad”.
Por su parte, el abogado Ramón Varela, socio de la firma Morgan & Morgan, hizo un llamado a replantear el debate nacional sobre la minería metálica, enfocándolo desde una perspectiva de transición energética y cambio climático.
Afirmó que la minería metálica responsable y la protección ambiental no son ideas opuestas, sino complementarias.
“No hay descarbonización sin minería”, sostuvo, citando estudios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y reportes de la Agencia Internacional de Energía, que advierten sobre la creciente necesidad de minerales como cobre, litio, níquel y zinc para impulsar la movilidad eléctrica y las energías renovables.
Varela subrayó que Panamá es uno de los tres países del mundo con un balance neto negativo de carbono, es decir, que absorbe más dióxido de carbono del que emite. Aseguró que, incluso con la mina de Donoso operando en 2021, el país logró mantener ese estatus, lo que —según él— demuestra que la actividad minera no necesariamente compromete la huella ambiental del país.
Fuente y multimedia: La Prensa
