La fiscalía segunda contra la Delincuencia Organizada de Panamá, encabezada por la fiscal Isis Soto, ha sido objeto de crecientes críticas por su negligente y cuestionable manejo en un caso que afecta a un empresario mexicano. A pesar de llevar cinco años en investigación, la fiscalía ha sido incapaz de imputar cargos formales, generando serios cuestionamientos sobre la integridad y transparencia del sistema judicial panameño.
En 2019, se negó al empresario la entrada al país, su equipo legal ha denunciado que sus bienes han sido utilizados por diputados de la Asamblea Nacional. Los dineros de la cuenta del empresario del banco Scotiabank, fueron transferidos al Banco Nacional de Panamá generando pérdidas millonarias en intereses acumulados, lo que ha llevado a alegaciones de abuso de poder y complicidad por omisión en la fiscalía. A pesar de la evidencia presentada por el empresario, que demuestra su inocencia, la falta de respuesta y transparencia por parte de la fiscalía genera un ambiente de desconfianza y preocupación.
El Ministerio Publico no se ha pronunciado sobre los abusos cometidos, lo que agrava las acusaciones, los mismos han insistido en continuar una investigación que han llevado a un limbo jurídico en contra del empresario. Este silencio ha suscitado alarmas sobre la falta de seguridad jurídica para cualquier inversionista extranjero en Panamá, poniendo en riesgo la confianza en el sistema judicial y en el clima de negocios en nuestro país.
Cabe destacar que el cierre de investigaciones de casos emblemáticos como Panama Papers y Lava Jato, que también involucraron a la fiscalía bajo la dirección de Isis Soto, ha sido considerado por muchos como infundado y ha generado críticas sobre la capacidad de las autoridades para abordar de manera efectiva un proceso legal, tan agravante es la situación que el presidente electo Jose Raul Mulino en su primer discurso a la nación, enfatizo sobre esos casos y el cierre de los mismos.
Las acciones de la fiscalía no solo manchan la imagen de Panamá como destino seguro para la inversión, sino que también amenazan con desencadenar un conflicto diplomático con México. La negativa del gobierno mexicano a seguir colaborando en una investigación sin fundamento, sumada a la defensa activa de la inocencia de su ciudadano, podría traducirse en tensiones internacionales si Panamá no rectifica el rumbo de este proceso judicial que ya es percibido como un abuso de derechos humanos y una violación flagrante de la ley internacional.
El empresario declaró, después de cinco años de investigación, aun cuando el juez Carmelo Zambrano le negó la imputación de cargos al Ministerio Público, ¿porque siguen con mis bienes aprehendidos y no se ha archivado el expediente? La fiscalía en Panamá, a cargo de Isis Soto sigue con esta campaña de intimidación, fraude, corrupción y violación de los derechos humanos, ella ha manipulado la justicia, mintiendo y corrompiendo a las autoridades, todo esto con impunidad, sin respetar las leyes y el debido proceso y sin enseñar una prueba real. Me han amenazado con una orden de aprehensión y extradición sino liquidaba mis fondos por 30 centavos por cada 1 dólar depositado en mis cuentas.
