La seguridad jurídica es un pilar de la competitividad de todo país, y un factor clave para atraer las inversiones extranjeras, como es el caso de Panamá, que por décadas ha mostrado al mundo sus grandes beneficios para empresas transnacionales que apuestan por nuestro país.
La seguridad jurídica se ve reflejada en el desempeño en materia de transparencia, seriedad administrativa y fortalezas institucionales. Son las naciones que se muestran al mundo de esta forma las que logran atraer a los inversionistas importantes, ya que ven en ellas la confianza de depositar sus capitales.
En ese sentido, el llamado es para salvaguardar la estabilidad en el marco jurídico, lo que permitirá que empresas ya radicadas en nuestro país continúen invirtiendo para el desarrollo y engrandecimiento de Panamá y que otras nuevas decidan venir.
Debemos ser cautelosos, en no permitir que factores políticos incidan en nuestro índice de seguridad jurídica, que no empañen las actuaciones públicas o que dejen dudas con cambios inesperados que distorsionen nuestro marco legal. También es necesario conocer si existen anomalías que deban ser investigadas y exigir responsabilidades por ellas.
Deben prevalecer los procesos caracterizados por la transparencia, convocar a potenciales inversionistas, homologar criterios de participación, designar comisiones evaluadoras integradas por profesionales de prestigio y digitalizar los procesos de todas las instituciones del Estado, a fin de evitar la burocracia y la corrupción.
Es vital que los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia con relación a proyectos de inversión sean neutrales y basados en estricto derecho, apegados a la ley.
En este momento, se vuelve imperante fortalecer la institucionalidad del país, mediante las normas que garantizan el Estado de Derecho. Con ello, promovemos un escenario de seriedad institucional que impulse nuestro desarrollo con inversiones crecientes, que permitan generar mayores fuentes de empleo para nuestros panameños.
En esta emergencia mundial, con economías tremendamente afectadas, es cuando con mayor tenacidad debemos como país generar confianza dentro de un nuevo mercado de oportunidades, para que más inversionistas pongan su mirada en esta tierra que por años ha sido atractiva precisamente por este factor.
Se hace necesario reflexionar en que solo respetando el marco legal, aseguraremos esos capitales e inversiones que podrían llegar a aliviar nuestra economía en un momento tan importante como este.
Por: Antonio García-Prieto – Presidente de COEL
