La Secretaría de Relaciones Exteriores de la República Mexicana respaldará al inversionista mexicano que el año pasado fue detenido injustamente en Panamá por Migración y al cual se le han incautado bienes y congeldado cuentas bancarias ilegalmente sin que se haya imputado cargos en su contra, afirmó Salvador Padilla, representante legal del empresario afectado.
El caso del empresario al cual reservamos su nombre para su seguridad e integridad la cual se ha visto afectada, se deriva de la incansable lucha que ha enfrentado vehementemente el inversionista por la justicia en Panamá, a raíz por el indebido e ilegal aseguramiento de sus bienes, como consecuencia de una investigación infundada en su contra por parte de la Fiscalía Segunda de Panamá, la cual se encuentra viciada desde su inicio, por violaciones al debido proceso, el respeto de la presunción de inocencia y a los principios legales que consagra la Constitución de Panamá y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Padilla comentó que en un cumplimiento de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y el reglamento de la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Ley del Servicio Exterior Mexicano y la Convención de Viena sobre tratados internacionales, la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Extranjero, se ha enterado de la situación que aqueja a su cliente, y ha decidido involucrarse en todo lo que el principio de legalidad les permita, buscando siempre el beneficio de los connacionales, bajo la premisa de la obligación de todas las autoridades de promover, proteger, respetar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito de sus competencias.
Por su parte, el empresario manifestó “Isis Soto y Marcos Mosquera tienen que estar enfrente de un tribunal transparente en Panamá o en un juzgado internacional explicando por qué tienen dinero,cuentas, coches y bienes incautados durante ocho meses, sin haber sido imputado, sin ninguna prueba, sin ningún cargo comprobado y alguien tiene que ser responsable por este fraude”, sentenció.
Lo anterior se suma a la queja que el empresario promovió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a las que promoverá ante la ONU, por la incapacidad del sistema panameño de impartir justicia, pronta y expedita.
Por lo que parece que Panamá está cada vez más acorralado y evidenciado respecto del actuar de sus funcionarios, quienes de forma arbitraria y contraria a derecho, afectan a los inversionistas, con el único fin de fomentar la corrupción.
