Profesionales panameños de las ciencias sociales presentaron los resultados de un proyecto de investigación sobre la muerte violencia de las mujeres por el hecho de ser mujer, situación conocida como femicidio.
Dicho estudio se titula “Factores intervinientes del femicidio en Panamá: en mujeres indígenas Ngäbe Buglé y Afrodescendientes”, cuyos hallazgos se ven recopilados en un libro. Este proyecto contó con el financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y el Programa de Innovación para la Inclusión Social y la Productividad del Banco Interamericano de Desarrollo.
El equipo de investigación estuvo conformado por el Dr. Luis Carlos Herrera, la Dra. Virginia Torres-Lista, la Mgtr. Markelda Montenegro, la Mgtr. Toribia Venado y la Mgtr. Saima Pitti, todos miembros del Centro de Investigaciones Científicas de Ciencias Sociales de la Universidad Santa María La Antigua.
El estudio, que analizó los casos de muerte violencia a la mujer entre 2014 y 2018, encontró que en ese periodo de tiempo se dieron 115 femicidios, de las cuales 58 eran mujeres blancas; 51, afrodescendientes; mientras que 6, indígenas Ngäbe Buglé.
Las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste ocupan los principales lugares donde ocurren los femicidios de mujeres afrodescendientes.
Otro hallazgo de la investigación es que el arma de fuego, seguido del arma blanca, golpes y estrangulamientos son, en ese orden, los más utilizados para acabar con la vida de las víctimas, y que la mayoría de las mujeres que perdieron la vida a causa del femicidio se encontraban entre los 20 a 35 años.
La investigación arrojó que persiste desigualdad social por razones de género, etnia y condición, y que existe falta de acceso a la justicia en el país. Los estereotipos, el sistema patriarcal, el racismo, la discriminación en todas sus manifestaciones, exclusión y desigualdad de las mujeres inciden en la violencia a la mujer.
Durante la presentación de los resultados del proyecto, el Dr. Víctor Sánchez Urrutia, Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, dijo: “Esta investigación nos permite actuar como sociedad, y entender realmente cuáles son los problemas que afrontamos y los retos que tenemos que resolver. Este estudio es un arma de política pública importantísima. Proyectos de investigación científica como éste son parte de las herramientas de trabajo que tenemos como Gobierno”.
Otro de los resultados de esta investigación es que el esposo, la pareja o el novio de la mujer violentada es la persona que representa mayor peligro para ella, y que la casa sigue siendo el lugar donde se tiene mayor probabilidad de ser asesinada por su condición de ser mujer, dijo el Dr. Luis Carlos Herrera. “Esto es otro elemento que nos aporta el estudio para generar políticas de prevención, porque queremos educar sobre con quién usted va a hacer su vida; no puede ser con cualquier persona. De las 115 víctimas, 59 estaban unidas; 38, casadas; y 18 eran solteras. El análisis arrojó que 71% de los casos de femicidio ocurrieron en la casa de las víctimas, mientras que el 17% se registró en un lugar apartado y el 12% en un sitio público.
Por su parte, la Mgtr. Markelda Montenegro dijo: “Por primera vez podemos darle una data al país sobre cuántas mujeres afrodescendientes han muerto, porque antes no existía. Esto fue posible a través de un análisis de expedientes, que hemos realizado durante muchos meses, y por eso es importante el apoyo que el Ministerio Público y el Órgano Judicial nos ha podido dar”.
En su intervención, la Dra. Virginia Torres-Lista señaló que la violencia tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas que pueden acabar en homicidios, suicidios, transmisiones de enfermedades y feminicidios, por lo que “el empoderamiento de la mujer es clave dentro de toda política de género”.
Una de las conclusiones de este análisis fue que las mujeres no tienen redes de apoyo ni entidades que en sus propias comunidades les garanticen protección, y algunas víctimas de violencia doméstica no denuncian el maltrato.
Los investigadores coinciden en que las mujeres indígenas no cuentan con la protección de las autoridades, quienes tienden a justificar la conducta machista de los hombres.
Los científicos detectaron que existen muchas limitaciones en el sistema de estadísticas desagregadas, pero que esto no es producto de falta de interés, sino más bien, por ausencia de personal.
En este sentido, la Mgtr. Montenegro destacó que “se requiere de mayores recursos para fortalecer los servicios de acceso a la justicia con perspectiva de género para tener presencia institucional en las investigaciones en áreas de difícil acceso y en defensa de las víctimas, la capacitación y actualización permanente del recurso humano, y asistencia con equipo multidisciplinario a las familias de las víctimas.
Así mismo, añadió que se necesita fortalecer políticas, planes, proyectos y estrategias de prevención de la violencia, asistencia a las víctimas, acceso a la justicia y género y el trabajo interinstitucional y los medios concretos contemplados en la Ley 82 de 2013 que tipifica el femicidio y las convenciones internacionales.
