En julio del 2020, el equipo legal que lleva el caso de un inversionista mexicano al que se le han congelado sus bienes en Panamá injustamente desde el año 2019, acusó a la exprocuradora Kenia Porcel y dos fiscales del Ministerio Público, (Isis Soto y Marcos Mosquera) de haber transferido el dinero del empresario a una cuenta del Banco de Panamá de forma arbitraria. La fiscal Sonia Almengor Quezada, ordenó además, aprehender provisionalmente los dineros en dichas cuentas que ya habían sido transferidos por el banco Scotiabank al empresario.
A consecuencia de ello, el equipo legal del empresario demanda a la sociedad The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), ya que dicha entidad bancaria procedió de manera unilateral e inconsulta, dejarlo como cliente sin ninguna excusa que validara la acción realizada, para luego transferir el dinero entregado al cliente en un cheque de gerencia a un banco público de la localidad.
Lo evidenciado está registrado por parte de Scotiabank, mediante nota de 29 de octubre de 2019, dirigida a Sonia Almengor Quezada, fiscal Metropolitana de la Sección de Atención Primaria, dando respuesta al oficio No. 11282-19 de 29 de octubre de 2019, donde se señaló lo siguiente: “Les informamos que el cliente hizo formal retiro de los cheques de gerencia mencionados en el oficio de 28 de octubre de 2019, por consiguiente, hemos procedido según sus instrucciones a suspender los cheques de gerencia detallados a continuación, los mismos serán devueltos al momento de entrar por la cámara de compensación.
Fue así, como en julio de 2020, el empresario se enteró que su cuenta bancaria aseguradas en Scotiabank que contenía un patrimonio superior a los 7 millones de dólares fue indebidamente movidas a un al Banco Nacional de Panamá para la generación de intereses en beneficio de terceros, generando un perjuicio económico al empresario de 800 mil dólares que reclama a la entidad, adicional a los daños ocasionados por dicha decision precipitada.
Salvador Padilla Estrada, representante legal del empresario señaló que, es lamentable que una institución bancaria en contravención a la presunción de inocencia, y de forma dolosa y discriminatoria, abuse de la confianza del empresario, moviendo sin notificarle dinero legítimo que fue depositado en sus sucursales bajo la premisa de la buena fe y del secreto bancario. “Hago un llamado consciente a los cuentahabientes de Scotiabank, para que valoren si su dinero está seguro o no en ese banco. La orden de aprehensión está basada en una carpeta de investigación en México, que ha sido concluida por la vía del no ejercicio de la acción penal, es decir una investigación cerrada en beneficio del cliente”, dijo Padilla.
Adicionalmente en la demanda se anexó un agravante de una comunicación entre una jueza andorrana de nombre, María Angels Moreno Aguirre y la entidad bancaria. El abogado asegura que la misma fue mal intencionada, además culpan de negligencia bancaria por no hacer las averiguaciones previas de dichas falsas acusaciones, ya que el contenido del correo no tenía ninguna prueba que corroborará lo afirmado en el mismo y presumiblemente fuese tomado en consideración para que la entidad cediera a las presiones del Ministerio Público de Panamá.
“Scotiabank Panamá cerró mis cuentas bancarias sin darme ninguna notificación o motivo posterior a eso, canceló el certificado de depósito de los intereses de plazo fijo, de igual manera canceló los cheques de gerencia haciéndolos inválidos y para culminar, le transfiere todo mi dinero de manera arbitraria, malintencionada y automática a una cuenta del Ministerio Público en el Banco Nacional de Panamá, esa gran violación, en complicidad con la corrupción e impunidad de la Fiscalía de Panamá, me ha generado una pérdida económica de cientos de miles de dólares y tarde o temprano van a afrontarse a sus consecuencias”, dijo el empresario afectado.
Desde el inicio de la persecución, el empresario mexicano ha enfrentado voluntariamente las audiencias virtuales ante la justicia panameña, en tanto sus apoderados legales han reiterado que los fiscales no han exhibido ninguna prueba contundente en contra del inversionista en dos años y medio que llevan bajo una investigación que aún no consiguen recabar los elementos suficientes para imputarle cargo y que todo se trata de difamación y violación a los derechos humanos.
